Resumen: La Sala, en línea con el TJUE, señala que una sanción consistente en una multa pecuniaria fija por cumplimiento tardío -sin requerimiento previo de la Administración- de la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero, vulnera las obligaciones que le incumben al Reino de España, en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sobre libre circulación de capitales, dado que tales sanciones resultan desproporcionadas respecto a las sanciones previstas en un contexto puramente nacional. Y por todo ello concluye la Sala la sanción impuesta objeto de recurso es desproporcionada, y procede su anulación.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR que desestimaba la reclamación económico administrativa formulada contra la liquidación provisional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la recurrente se cuestiona la determinación de los ingresos por actividades económicas del contribuyente estaría excluido del método simplificado de estimación directa, sin que resulte admisible determinar la renta resultante de la actividad en la sede de la entidad y que la cifra de negocios de la entidad condicione el sistema de estimación aplicable al socio, ya que es en sus actividades donde se debe superar esa cifra de exclusión, pero la Sala concluye a la vista de la normativa aplicable que si bien la cifra de negocios de la comunidad de bienes no se discute, este limite debe aplicarse a cada uno de los socios, coincidiendo con la Administración en considerar que el límite de 600.000 € de la modalidad simplificada del régimen de estimación directa, se refiere al conjunto de la actividad realizada por la sociedad, y no al rendimiento neto ulteriormente atribuible a cada uno de los socios o partícipes, no coincidiendo con el resultado neto de la misma que se atribuye finalmente a cada uno de los obligados tributarios, no pudiendo deducirse en concepto de provisiones y gastos de difícil justificación por no ser aplicable el régimen simplificado.
Resumen: La sentencia,estimando la alegación de prescripción,anula la liquidación y la sanción referentes al ejercicio 2015 y a uno solo de los dos contribuyentes demandantes. Por lo demás, la sentencia desestima el recurso. Los dos contribuyentes aducían que la Administración les imputó indebidamente rendimientos de capital mobiliario por transferencias e ingresos de efectivo en sus cuentas personales de rentas vinculadas con el ejercicio de la actividad mercantil de determinada entidad mercantil, al incrementar los ingresos imputables a dicha mercantil, sin tener en cuenta que se trataba de varios sujetos pasivos independientes, con lo que no cabía una suma de los ingresos brutos habidos.Al respecto, la sentencia señala que se daban indicios que permitían concluir que se había producido un vaciamiento de los ingresos en la sociedad mediante la atribución de algunas operaciones al socio a nivel personal, o mediante, directamente, la omisión de parte de los ingresos que, sin embargo, sí quedaban registrados en las cuentas bancarias. En esa misma línea, la sentencia precisa que habían sido la sociedad y los socios, administradores únicos de la sociedad, los que con su actuación habían originado una confusión entre los ingresos de la mercantil y los suyos propios, al ingresar en las cuentas de los socios ingresos de la sociedad. Así las cosas, considerada la liquidación suficientemente motivada , la sentencia la confirma, al igual que la sanción impuesta
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR que desestimó las reclamaciones económico-administrativas referidas a las liquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se cuestiona la procedencia del método de estimación indirecta así como la corrección de los cálculos realizados dado que se aprecia acreditada la simulación, frente a ello se invoca que resultaba admisible la división de la actividad comercial de la actora y que no existía simulación, pero la Sala concluye que se trata de una actividad única en un único espacio, la oficina de farmacia, cuya prestación de servicios comprende indiferenciadamente la venta de medicamentos con receta y la de otros productos de parafarmacia de venta libre, por lo que se trata de un único centro de imputación de intereses jurídico-económicos y de proyección en el tráfico externo en la persona de la farmacéutica, por lo que respecto al método de estimación indirecta de las bases se considera en base a los informes emitidos considerando incorrecta la opción por el método de estimación indirecta para la determinación de la base imponible pues no hay incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros registro establecidos por la normativa tributaria ni existe incongruencia entre las operaciones contabilizadas o registradas, por lo que debe unificarse la actividad calculando directamente los rendimientos.
Resumen: La sentencia conoce de la legalidad de una regularización en la que se estimó la existencia de ganancia patrimonial en la liquidación de unos bienes inmuebles entre ex-cónyuges con motivo del Convenio Regulador aprobado por Decreto del LAJ del Juzgado, en la que un cónyuge compensó en parte con un inmueble y en parte con dinero por la adjudicación de otro inmueble. La regularización no dio respuesta a la alegación de no producirse una ganancia patrimonial como consecuencia de la adjudicación de bienes inmuebles hasta ese momento copropiedad al 50% de los ex-cónyuges y ser de aplicación lo que dispone el art. 33.3.d LIRPF, y se limitó a reiterar los cálculos aportados con la propuesta de liquidación. La sentencia declara que esta forma de actuación conculca el derecho de defensa del obligado tributario, que no implica que la Administración de respuesta favorable a sus alegaciones, pero sí que las atienda aunque sea para desestimarlas. Por otro lado, el TEAR no puede convertirse en órgano gestor y dar respuesta por sí a la cuestión, alterando los términos del debate. Finaliza señalando que el que el Convenio fuera aprobado por LAJ y no por el Juez del Juzgado es consecuencia de las reformas procesales, y nada impide respecto la aplicación del precepto señalado.
Resumen: La sentencia fija como jurisprudencia que no es de aplicación a los agentes de seguros el artículo 22.4, letra d), del RIRPF, que establece la presunción de afectación a la actividad económica de los vehículos utilizados por los agentes comerciales en sus desplazamientos, sin que, a los efectos fiscales específicos que examinamos, quepa considerar que los agentes de seguros son una subespecie de la categoría más amplia de los agentes comerciales. Ello sin perjuicio de que, mediante la pertinente prueba, pudieran acreditar, a los efectos del art. 29.1 LIRPF, la afectación del vehículo propio al desarrollo de la actividad económica.
Resumen: Ante la constatación de que ambas propiedades, esto es, la transmitida primero y la adquirida después, tenían el carácter de vivienda habitual de la contribuyente, ésta esgrimía que fue correcta la aplicación de la exención de parte de las ganancias obtenidas mediante la transmisión del dominio del inmueble al ser reinvertidas en la compra de una nueva residencia, por lo que discrepa de la regularización y la sanción.Pues bien, la sentencia, en primer lugar, advierte que se correspondían con los datos que se colegían de las actuaciones tanto la apreciación efectuada por la Administración tributaria actuante en los acuerdos de liquidación y de imposición de sanción, como también las apreciaciones que figuraban en la resolución de la reclamación económico-administrativa,consistentes en que ni la vivienda transmitida ni tampoco la adquirida cumplían con los requisitos normativamente impuestos.Valorada toda la prueba en su conjunto, la sentencia señala que no se podía concluir que la contribuyente hubiera vivido de forma habitual en la vivienda transmitida en algún momento anterior a la transmisión, ni tampoco que tuviese su vivienda habitual en el inmueble adquirido después. Al respecto, se destaca en la sentencia la insuficiencia de la prueba documental aportada por la contribuyente.Así las cosas, confirmada la liquidación y falta la demanda de carga argumental por lo que se refiere a la sanción impuesta, en definitiva, la sentencia confirma igualmnete la sanción impuesta
Resumen: La regularización practicada en el caso obedecía a que la Administración tributaria entendió que la prestación de servicios por parte del contribuyente a determinada entidad, de la era accionista 100%, debía ser considerada una operación vinculada y que, como tal, debía realizarse a valor de mercado, habiendo determninado un mayor rendimiento en la sede de socio la diferencia entre el valor de la retribución convenido y el valor de mercado calculado por la Administración actuante. La sentencia rechaza la alegación de incongruencia y la posible experiencia de indefensión por ello, así como también rechaza la invocada falta de motivación del acuerdo de liquidación.Por otro lado la sentencia señala que la Administración está facultada para recurrir a cualquiera de los métodos de valoración, siempre que lo considere adecuado para determinar el valor en cuestión. En el supuesto de operaciones realizadas entre sociedad-socio, en las que la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado es en favor de la sociedad, como ocurría en este caso, la sentencia señala que la diferencia tiene la consideración de aportación del socio o partícipe a los fondos propios de la entidad y aumenta el valor de adquisición de la participación del socio o partícipe. Puies bien, finalmente la sentencia estima el recurso al apreciar faltaba el soporte -ausencia de comparables externos- en el que se basaba el acuerdo de liquidación para la aplicación del método de distribución del resultado
Resumen: Basada la resolución recurrida en que no podía entrar en el tema de la procedencia del régimen especial de Fusiones, Escisiones, Aportaciones de Activos y Canje de Valores en la aportación no dineraria de determinadas participaciones, y ello en tanto que se trataba de una cuestión que afectaba a la entidad, por lo que formaba parte del procedimiento y liquidación distinta, la cual tenía su propio cauce de impugnación independientemente de la regularización practicada a los socios. Sin embargo, la sentencia señala que, dado que la regularización se fundaba en la ganancia patrimonial obtenida como consecuencia de la operación sometida al régimen especial de Fusiones, Escisiones, Aportaciones de Activos y Canje de Valores, debía por tanto permitirse al contribuyente del caso la alegación en sede del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la aplicación del régimen especial en cuanto a su actuación se refiere. Pues bien,la sentencia concluye estimando el recurso porque del conjunto de los hechos acaecidos se deducía que el objetivo verdaderamente buscado era, por una parte, distribuir a los socios las reservas acumuladas por la sociedad procedentes de los beneficios generados, sin coste fiscal alguno al operar la exención de los dividendos cuando el perceptor es una persona jurídica, y no así cuando el perceptor es una persona física; y, por otra, no tributar por la ganancia patrimonial inherente a una futura transmisión de la participación en dicha sociedad.
Resumen: La norma dispone que en las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentación extemporánea. En este caso se había obtenido resolución administrativa que estimó la solicitud de rectificación de la autoliquidación, y siendo el recargo recurrido una prestación accesoria de la autoliquidación complementaria anulada por la referida resolución, esta última debía determinar la anulación del referido recargo e intereses. No obstante, estimada la pretensión de rectificación de la autoliquidación complementaria, a resultas de esta se practicó una liquidación por las ganancias no justificadas concretadas en bienes y derechos situados en el extranjero, las cuales fueron consideradas como no prescritas. Por consiguiente, la sentencia concluye que procedía recalcular y liquidar el recargo y los intereses por la diferencia entre la base del recargo inicialmente liquidada y el importe de la cuota procedente
